A primera luz del día, la temporada
seca de verano comienza hacerse sentir. Un clima particular envuelve la
mañana de Costa Rica. En las
calles los primeros matutinos se venden como pan caliente y las nuevas noticias
están prontas a darse a conocer.
Un reloj despertador marca las cinco y treinta de la
mañana. El olor a café invade
por completo un pequeño cuarto, que lo rodean periódicos y revistas. A lo lejos
se escucha una voz, característica de la radio,
que anuncia los datos del tiempo y las primeras noticias del día. En el
escritorio, frente a la computadora, José lee y observa los sitios
web. Su cara de fastidio, ante las publicaciones de los portales de noticias, hace evidente un
malestar que en los últimos meses es frecuente en los periodistas y
comunicadores de esta costa
tropical.
José, vive en la capital costarricense desde su infancia,
él es uno de los 1.403.963 habitantes de aquella provincia y trabaja hace más de 20 años a
favor de ella. Su entusiasmo por la
radio lo llevó a ser locutor y periodista en una de las radios
de la cadena nacional, en la cual hasta hoy presta servicios.
Aproximadamente hace un mes, los periodistas y medios
de comunicación de Costa Rica sufren la publicación de la Ley
de Delitos Informáticos, que se realizó a través del medio oficial La Gaceta. José despertó esta mañana, con la noticia
de que el proyecto de reforma de la legislación denominada Ley Mordaza, no está en el orden
del día dentro de los proyectos a discutir en el Plenario de la Asamblea.
Tristemente, José prepara el maletín con todo el
contenido para ir a la radio. Nada lo
enorgullece más que dar las noticias a los ciudadanos, que muy temprano prestan oídos a la FM 101.5
para informarse. En su coche, escucha el programa que antecede al suyo,
mientras va pensando en cómo decir aquello que se prohíbe o cómo fiscalizar la transparencia de los gobiernos. En su mente, recuerda las palabras
de José Rodolfo Ibarra,
presidente del Colegio de Periodistas,
que hacía mención sobre que ésta ley
traía una recubierta de buenas intenciones pero trae un caballo de Troya,
atenta principalmente contra el derecho a la libertad
de información pública, la libertad de prensa
y las convenciones que protegen estos derechos universalmente.
Resulta contradictorio que,
en un país que es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
exista una ley que restrinja los derechos
que reza el artículo 19 de dicha declaración.
Bien reza el refrán, para esta ocasión, cuando
dice “Hecha la ley hecha la trampa”. No es casual que un gobierno
impulse una ley que implica el freno a la libertad de información, es más, resulta un claro beneficio para las
entidades corruptas, que sin pavor engañan a la ciudadanía. De esta manera, les
será más fácil ocultar los delitos a la sociedad.
Por Rosa Vergara
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